Foro a 40 años de la fundación de la UAM

FORO DE REFLEXIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA A 40 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Miércoles 25 de febrero de 2015

En defensa de la universidad pública
Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la UAM- Azcapotzalco. Profesor-investigador
Área de investigación Sociología de las Universidades

El carácter público de la universidad responde al compromiso con un pueblo que sostiene con sus recursos un espacio de pensamiento e investigación no condicionado, orientado a la capacidad de reproducir la autonomía en la solución de sus desafíos.
Los valores que originaron la universidad pública confrontan las tendencias de dominación y al proyecto que se impulsa desde el neoliberalismo.
La educación superior pública debe ser un espacio de discusión plural y de ejercicio del pensamiento crítico.

Qué podemos decir hoy acerca de:

• Nuestra Universidad en un país sumido en la violencia y la corrupción
• La imposición de modelos educativos inspirados en el neoliberalismo, que alientan una visión tecnocrática, promueven el individualismo y desestiman el valor de las humanidades.
• El rol de la universidad en las perspectivas a futuro de los jóvenes.

Agradezco a los organizadores por la invitación que acepté más por mi carácter de académico y observador del desarrollo de la UAM en estos 40 años. Publicamos un libro sobre el desarrollo de los primeros 25 años de la Universidad y esperamos publicar este año otro sobre los primeros 40 años. Por lo tanto lo que voy a decir no es algo nuevo, Lo he manifestado en algunos artículos u entrevistas, si bien reconozco el riesgo que se corre por comparecer en esta mesa como académico y como rector de una de las unidades.

Dos ideas quiero expresar: Uno, la creciente importancia de la universidad pública en el país en estos momentos y dos, los retos que tiene la UAM a sus 40 años de fundada a contraluz de las funciones de las universidades públicas.

Las universidades públicas

Estoy convencido de que en todo tiempo, no sólo el presente, es conveniente recordar y ratificar los valores que como universidad pública debemos enarbolar para atender con idoneidad lo que la sociedad nos ha encomendado. Pienso que la tendencia e imposición a elaborar planes de desarrollo para las universidades con un formato que puede ser útil para los organismos públicos desconcentrados o las empresas, no necesariamente es lo más adecuado para nuestras universidades públicas y autónomas. El lenguaje tecnocrático de plantear objetivos estratégicos, acciones, metas, indicadores, y hacer matrices FODA (Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas) más propio de empresas que venden comestibles o hacen automóviles no es el camino más adecuado para abordar el quehacer de las universidades. Por ello creo que es necesario explicitar y recordar el conjunto de valores y principios que son el sustento y orientación del quehacer de las universidades públicas en el país, en general, y de la UAM en particular.

Estos principios, a pesar de las transformaciones observadas en los últimos 40 años en nuestras instituciones, han permanecido como orientadores de nuestro quehacer. La masificación de la educación de los años setenta, la crisis presupuestal de los ochenta, la instauración de la evaluación en los noventa y la evaluación ligada a recursos en la primera década de este siglo han incidido, de alguna forma. Al cuestionar o poner en entredicho algunos de ellos. Además, ante la fuerte influencia internacional por modificar y adecuar algunas tradiciones universitarias (como la educación orientada al mercado, el currículum que privilegia lo práctico, la presión por encontrar nuevas fuentes de financiamiento y liberar al Estado de su responsabilidad de hacerlo, la preferencia por el crecimiento de la matrícula en instituciones privadas, la modificación en las estructuras de gobierno y otras más) hacen necesario retomar y reforzar algunos de los principios que animan a la educación superior, fundamentalmente la pública.

Recordemos brevemente estos principios y valores y cómo se concretan en nuestra universidad.[1]

1. La educación superior es un bien social, un derecho de los ciudadanos y, en consecuencia, es una responsabilidad pública ofrecerla a quien lo requiera con oportunidad y calidad. En tanto derecho social, el Estado es el responsable de ofrecer un lugar en las instituciones públicas de educación a toda persona egresada de la educación media superior que tenga la legítima aspiración de cursar estudios superiores. Se establecerán criterios para ubicar a los alumnos en diversas modalidades educativas, instituciones y programas, pero a ninguno se le negará la oportunidad. No se establece como obligatoria la educación superior, pero sí la obligación del Estado de ofrecer un espacio digno y de calidad a todo joven que tenga interés en cursar estudios superiores. Este principio va en contra de aquel que establece y considera a la educación superior como un bien privado, reservado sólo a aquellos que puedan pagar por su educación, o como un bien exclusivo sólo para una porción de la población (los que pasan los exámenes de admisión, los que hicieron méritos, los que son inteligentes).

La UAM, cabe mencionarlo, ha menguado en esa tarea. Atendemos a la misma cantidad de alumnos de hace 25 años a pesar de que la demanda se ha incrementado notablemente, el presupuesto ha crecido, tenemos más profesores y el promedio de ingreso de los profesores por lo menos se ha duplicado. Uno de los motivos que dio origen a la UAM, atender la creciente demanda a la Educación Superior en el área metropolitana de la Ciudad de México, se ha estancado.

2. El conocimiento generado en las instituciones públicas debe ser un bien público. Los resultados de las investigaciones, innovaciones y desarrollos tecnológicos deberán ser puestos a disposición y accesibles a los miembros de la sociedad que así lo requieran. Difundiendo su quehacer y no ocultándolo ni vendiéndolo, es una forma de contribuir al desarrollo del país. Este principio se opone a la consideración de que el conocimiento es un bien privado que pertenece a quienes tienen la capacidad de comprarlo, se deslinda de la concepción de que todo conocimiento tiene un precio y que sólo debe cultivarse el conocimiento que entra en la órbita del mercado.

Las universidades públicas procurarán que el conocimiento que generen sea un bien de la sociedad y deben diseñar los mecanismos de difusión necesarios para evitar que las empresas o corporaciones privadas lucren con un bien que es público. El conocimiento se genera principalmente en atención a los problemas nacionales y locales, es decir, que el conocimiento es un bien público que contribuye a solucionar problemas del entorno inmediato y mediato.

La UAM, en especial ciertos grupos académicos, tienden a perder esos objetivo pues se dedican a generar productos de trabajo que tienen una contabilidad precisa que permite acceder a mejores niveles de ingreso, no a su contribución a resolver problemas nacionales, regionales o locales.

3. Las universidades públicas deben cultivar todas las áreas del conocimiento, incluidas las artes, las humanidades, las ciencias sociales. Las universidades deben estar abiertas a “dimensiones humanas esenciales, como el mundo simbólico, el ámbito de lo dionisíaco, el orden de la ética que fundamenta la dignidad de nuestra especie, y el de las virtudes humanas fundamentales, sobre todo el respeto a los demás y a la vida. Las universidades deben profundizar en la naturaleza del conocimiento científico y también señalar sus limitaciones: al conocimiento científico que busca explicaciones hay que añadir el conocimiento cultural que busca significados”, según lo señalado por Pablo Latapí. Este principio rechaza aquel que considera que las universidades sólo deben ofrecer lo que el mercado demanda, en enseñar sólo competencias y habilidades para la inserción en el mundo laboral. Naturalmente debe formar profesionales competentes, responsables, vincularlos con las necesidades de las industrias, de los organismos del Estado, pero también cultivar conocimientos aparentemente improductivos.

Las universidades públicas tienen la responsabilidad y el compromiso de compensar el déficit de capital cultural con el que acceden nuestros estudiantes a la universidad, que, por otro lado, suelen ser los mejores estudiantes en cada familia.

La UAM ha mantenido la tradición de tener en todas las unidades la división de ciencias sociales porque está convencida de que la dimensión humana debe estar presente en toda formación. Esta formación contribuye a formar un espíritu crítico ante los fenómenos de la sociedad, denunciar los abusos, injusticias y atropellos. Como ello se cumple la función de ser la conciencia crítica de la sociedad haciendo uso de las armas universitarias: la discusión razonada, el diálogo, la tolerancia, la pluralidad y la independencia de pensamiento.

Se observa también una tendencia. En algunos profesores y en algunas disciplinas a poner en duda el papel compensatorio que tienen las universidades públicas y en particular la UAM al establecer mayores restricciones al ingreso (subir los puntajes en el examen de selección) bajo el discutible argumento de que “no nos merecen esos estudiantes que llegan con tantas carencias”.

4. Las universidades públicas son instituciones de cultura y por ello requieren de una forma particular de organización. El objeto de las universidades es el desarrollo del conocimiento bajo los principios de responsabilidad y calidad (educación, innovación, investigación). Para cumplir esos objetivo requieren de una organización específica diferente a otras instituciones del Estado (el ejército, los hospitales, organismos públicos con fines diversos) y diferentes a las empresas privadas. Las universidades son organizaciones de la sociedad que se rigen por aspectos que les son propios y que han sido cultivados a lo largo de muchos siglos. Pretender aplicar o replicar en las universidades formas de organización ajenas a sus fines es desconocer los principios que rigen y guían a las universidades. Los criterios de eficiencia, productividad, competencia y eficacia no son los más adecuados para valorar las actividades, procesos y resultados de una institución que se dedica al cultivo del conocimiento. Incluso la imposición de esos criterios puede desvirtuar el sentido de la institución. Sería tan absurdo como medir la eficiencia de una empresa por el criterio de libre discusión de las ideas, o por su inversión en ofrecer a sus empleados actividades culturales y en formarlos en el aprecio de las artes, o por el acervo de su biblioteca. Mucho del quehacer de las universidades no tienen precio y, sin embargo, es indispensable a su quehacer, por ejemplo el debate de ideas, las diferentes perspectivas para analizar el desarrollo social, el fomento a la libre expresión, la interacción profesor-alumno, la investigación básica, el fomento al aprecio por las artes. Las universidades tienen la capacidad para diseñar formas propias de organización y evaluación de sus actividades.

En este sentido, la UAM fue pensada con una organización peculiar que descansa en la desconcentración funcional y administrativa para la realización de sus funciones, cono órganos colegiados con funciones expresas, no supeditados unos a otros, y con autoridades personales con competencias específicas. La desconcentración funcional es un hecho y la desconcentración administrativa una vana ilusión. La concentración de decisiones administrativas y presupuestales en las oficinas centrales se consolida y se solidifica; conforme pasa el tiempo es más difícil modificarla. Ese fenómeno ha aumentado en los últimos años, pues bajo la creciente y justa demanda social de transparencia y rendición de cuentas, los mecanismos de control se han multiplicado principalmente en lo referido a la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios que requiere la universidad. Y eso ha sucedido porque se supone que todo académico es un presunto ladrón, un ventajoso de su situación. Ello ha ocasionado aumento en la burocracia, la elaboración de más instructivos, cada vez más rebuscados y para instrumentarlos se requiere más gente que a su vez exige más espacio, más teléfonos, más escritorios, etc., que justifican su trabajo por pillar a alguien en una falta al instructivo o al el lineamiento. (Los instructivos son el abono de la burocracia, Silva Herzog). Se está llegando a tal punto que las funciones sustantivas de la universidad están supeditadas a la creciente maraña de trámites administrativos.

5. Las universidades públicas deben ser instituciones ejemplares en la rendición de cuentas claras, oportunas y transparentes de su quehacer y de los recursos que administran, tanto a la sociedad como a sus propios miembros. Las universidades deben incorporar el derecho a la información como uno de los derechos fundamentales del universitario y del ciudadano para el ejercicio de muchos otros. Es la base de la exigencia razonada, de la opinión fundada, de la argumentación convincente; es uno de los valladares más sólidos para prevenir y combatir la corrupción entre los integrantes de la comunidad; es un derecho que se opone a la opacidad y a la arbitrariedad. De ninguna manera se considera que se afecte la autonomía. La autonomía, como lo ha reconocido la propia ANUIES, “no está reñida con el escrutinio de los resultados de las tareas que las instituciones de educación superior han recibido como encomienda por parte de la sociedad”.

La UAM tendrá que avanzar en sentar las reglas y los mecanismos para el acceso, manejo y protección de la información, así como para la rendición de cuentas contando con un reglamento, como lo han hecho otras instituciones, y no sólo como una disposición de autoridad.

6. Las universidades públicas deberán conservar un gobierno de tipo democrático que implica la existencia de órganos personales y colegiados.

La UAM ha apostado por un gobierno de tipo democrático, descrito de manera puntual por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

[1] Los principios y valores están fundados en el Plan de Desarrollo de la Unidad Azcapotzalco 2014- 2024 aprobado por el Consejo Académico de la Unidad en 2014 que a su vez están basados en López y Zárate Romualdo: Propuesta de Plan de trabajo para la rectoría de la unidad Azcapotzalco, mayo de 2013.

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MESA: GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN EN LA UAM

Dra. Carmen de la Peza Casares
Profesora del Departamento de Educación y Comunicación. UAM-Xochimilco

Por una universidad democrática, incluyente, participativa y sin violencia

Haré un punteo de lo que considero son algunas herramientas que nos ofrece la propia reglamentación universitaria para atender el problema de la violencia que, por decirlo de alguna manera, ya está públicamente aceptado y sin embargo, a través de malas prácticas se boicotean sus beneficios en una universidad imaginada y estructurada con un espíritu democrático y participativo.  Creo que tendríamos que admitir y aceptar que las propias contradicciones de la reglamentación universitaria boicotean algunos procesos que son democráticos, porque, en su implementación, se parte de un supuesto que yo creo que es un supuesto erróneo. Se parte del supuesto de que existe buena voluntad en quienes ocupan las posiciones más altas de la Universidad, es decir, los rectores, los directores y otras autoridades que están obligadas a llevar los procesos llamados “de auscultación de la comunidad universitaria”.  Este es uno de los primeros elementos que tendríamos que poner en la mesa de discusión y me parece que una vía que algunos hemos tratado de seguir, es acotar la función de la auscultación, acotar cómo deben comportarse la Junta Directiva en primer lugar y después, los rectores y los directores en los procesos de auscultación para conformar las ternas.

Un punto que también quiero discutir en esta materia: creo que poner candados y más candados a los reglamentos no funciona, porque hay una primera cosa que no funciona que es que los reglamentos se aplican discrecionalmente. El problema es la discrecionalidad y creo que tampoco la vía es lo que en otros ámbitos se conoce como la vía de la judicialización. Me parece que en el campo interno, la judicialización es el castigo a los individuos que incumplen con algún tipo de norma, en forma de sanción que se aplica desde el propio aparato legal-administrativo. Lo único que esa vía produce, es darle más poder a la estructura que es la que en primera instancia molesta y obstruye los procesos democráticos y participativos. Quiero decir que nos confundimos; la vía adecuada no es la judicialización sino debería ser la sanción pública. Para ponerlo en palabras coloquiales, la sanción pública quiere decir: que se vea mal, que la comunidad universitaria lo vea muy mal y eso que se extienda en términos de la opinión pública. Que queden “escrachados”,  que se reconozca públicamente que los sujetos que incumplen o violentan a la comunidad universitaria, misma que no violenta la ley, son quienes practican la violencia. La comunidad universitaria se da normas que en sí no son violentas; la violencia surge cuando algunos miembros de la comunidad, frecuentemente las autoridades, violentan a la comunidad que pactó las normas que ellos están violentando.

¿Qué tipo de trabajo en términos del tejido social – no me gusta la expresión porque  está abaratada – de intercomunicación horizontal y de sanción es necesario hacer para violentar de esta manera a la comunidad universitaria y para que ésta acepte esa violencia?. Todo aquel sujeto que violenta desde la comunidad universitaria porque se alía espuriamente a alguna fuerza particular,  está llevando a cabo violencia. Eso no quiere decir que no nos aliemos y tengamos posiciones políticas.

Últimamente aparece en las auscultaciones la idea de que pertenecer a un grupo político fuera malo. Creo que esa idea es errónea y de pronto es admitida por la comunidad que acepta las justificaciones de las ternas.  Nosotros podemos pertenecer explícitamente a distintas posiciones políticas y dirimir las diferencias públicamente en el espacio público y con visibilidad.  Lo contrario sería como si pertenecer a un individuo que da órdenes desde arriba sea correcto, mientras que pertenecer a un grupo fuese incorrecto. La política es justamente la pertenencia a grupos y es lo que yo creo tenemos que defender.

Este no es un problema ético, es un problema político. ¿A qué me refiero?. El problema ético es “pórtate bien”, porque ¿quién?, ¿dios?, ¿tú mismo frente a tí mismo y que te puedas ver en el espejo? La gente que pide no pertenecer a grupos, está feliz cuando se ve en el espejo y dice: “gané”. En la sanción pública el problema no es que te veas bien o mal frente a tí mismo ni frente a dios, el problema es que te veas muy mal frente a la comunidad.

Yo creo que tenemos que cambiar, primero que nada, el discurso. Combatir el discurso que atenta contra la participación política y que justifica la exclusión a través de decir: “hay intereses políticos”.  Todos tenemos intereses políticos, mismos que son legítimos e indispensables. Y aquí, que cada quien pertenezca al grupo político que quiera siempre y cuando pueda defender públicamente lo que sostiene frente a su grupo político. Lo que tenemos que dinamizar en la Universidad, es el cambio del discurso que dice: “no, aquí son intereses académicos, no políticos”. Ese discurso no es cierto. Lo académico está sustentado en intereses políticos, y político se refiere a las normas y reglas que nos damos para la convivencia colectiva, es decir, cómo vivir los unos con los otros en esto que llamamos comunidad universitaria. La estrategia, más que la judicialización de la Universidad, es la politización de la Universidad, referida a la política académica.

A mí me parece que la sanción no es ética, la sanción es política. No tengo nada contra la ética, pero quiero decir: la gente se comporta frente a los otros correctamente porque todos tenemos un narciso que defender y no queremos quedar tan mal frente a los otros. Porque además, si la sanción no es eficaz ¿para qué se hace? La eficacia política es fortalecer de tal manera la comunidad universitaria y la solidaridad horizontal que se logre hacer respetar nuestros derechos políticos. Quiero decir, lograr el entendimiento de que para que todos seamos conscientes de que respetar los derechos políticos de los otros, significará que los otros respetarán mis derechos políticos también.

Si en un órgano colegiado se dan unas reglas de funcionamiento,  lo que tiene que quedar sancionado es la violencia contra esas reglas de funcionamiento, considerada como violencia contra la comunidad universitaria y contra la palabra del otro, que comprometimos en un acuerdo entre universitarios.  Las reglas que nos dimos como comunidad universitaria hace 40 años pueden ser modificadas y cambiadas en función de las necesidades y la fuerza de la comunidad universitaria. Yo creo que en la reglamentación universitaria hay un sistema muy positivo. Pero, para hacer valer lo positivo de esa reglamentación, hay mecanismos muy importantes que nosotros tenemos que fortalecer ante lo que creo que funciona como una especie de priísmo inconsciente endémico de que “si lo dice el jefe, ha de estar bien”, sustentado en el temor a la crítica, a la autocrítica, y a la denuncia pública de las violencias. Justamente el mecanismo del poder es que nos dé vergüenza denunciar, y sobre esta base, estigmatizar a alguien porque es un “repelón, un revoltoso, un quejoso, a ése no se le complace con nada”, etc., justamente los órganos colegiados son para dirimir conflictos y para discutir diferencias, no para llegar acuerdos, ojalá y lleguemos a acuerdos. Su finalidad es poder dirimir las diferencias. Por ejemplo, cuando hay una denuncia de una chica que fue acosada por un profesor, se trata de silenciar, ¿cómo vas a exponer el prestigio de un profesor?. Pues que vaya el profesor y se defienda y que diga no, no es verdad. O de una profesora, yo no digo que nada más los hombres acosan, a lo mejor las mujeres también. Pero creo que hay un conjunto de mecanismos para silenciar. Se tiene que dar visibilidad pública a los conflictos que vive la Universidad. Si hay un problema, la mejor manera de tratar el problema es darle visibilidad, que todo mundo sepa.  Si una chica fue secuestrada en la puerta de la Universidad, todas las mujeres tenemos derecho a saberlo y todos los hombres también para, por lo menos, podernos cuidar. La lógica de “tapar el sol con un dedo” es la peor lógica.

Es necesario dar visiblilidad a los problemas, no ocultarlos, no silenciarlos. Hay dos instancias que son muy importantes para lograr la visibilidad necesaria a los problemas: las comisiones de alumnos, las comisiones dictaminadoras. En las comisiones de alumnos, los alumnos reclaman las razones por las cuales un profesor los evaluó mal. Un alumno, aunque no tenga la razón, tiene el derecho a reclamar porque cree que la tiene, y tenemos que “aguantar vara” los profesores para nos digan: ¿sabes qué? te equivocaste. Y si nos equivocamos y queda explícitamente planteado, entonces asumir humildemente: perdón, me equivoqué. En las comisiones dictaminadoras para la evaluación de los profesores, a eso se le llama darle fuerza a la Comisión de Recursos. Que las dictaminadoras asuman cuando se han equivocado, reconsideren y reevalúen porque si no, van a quedar muy mal frente a la comunidad universitaria.  Lo mismo el profesor que no acepta que lo critiquen o que le digan que se equivocó. Si no se equivocó, que quede asentado públicamente que ahí no hubo error, porque eso da claridad a los alumnos sobre lo que pueden reclamar y lo que no pueden reclamar. Cuando sí se les hizo una injusticia, que los alumnos queden reivindicados y, cuando no, pues queda la cosa como estaba. No se trata de que, cuando no hubo error, corran al alumno. Las mejores instancias, los mejores mecanismos de autoregulación de la Universidad, que tenemos que potenciar, son las evaluaciones de pares, los mecanismos de solicitud de reconsideración para los que ingresan a la universidad, para los que están adentro y son mal evaluados y también para los alumnos en sus procesos de evaluación.

Un último comentario que es fundamental en relación a la visibilización de la violencia. La violencia de género en esta institución es gravísima. Se tiene que visualizar y desarrollar una campaña no para que las mujeres se cuiden, sino para ver qué hacemos con los hombres.  La única manera que regula esta violencia, no es castigando a nadie, es dándole visibilidad. Si las cosas tienen visibilidad, la gente públicamente no se atreve a hacer cosas que hace en privado. Que la carga no caiga sobre la persona que después es la que, según esto, queda en ridículo. Tenemos que cambiar el sentido de nuestra valoración pública de los hechos. Ese es un trabajo colectivo que se aprende haciendo. No es educar a la gente, es hacer; darles visibilidad a las cosas que pasan y discutirlas públicamente en los órganos pertinentes. Si no existen, habrá que crearlos.

Gracias

25 de febrero de 2015. UAM-Xochimilco.